Por Jorge Arboleda, sección mexicana de la CCRI, 25 de septiembre de 2024.
El 26 de septiembre se cumple el décimo aniversario de la desaparición forzada de 43, y del asesinato de otros 3 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Este crimen de Estado perpetrado por la policía y el ejército fue un momento clave en la lucha de masas en México. Representó la rabia y el hartazgo del pueblo con el gobierno y con su guerra contra el narco mejor que ninguna otra cosa, tanto en su momento, como ahora.
En el año 2012, la carrera de Enrique Peña Nieto llegó a su momento cumbre cuando fue elegido presidente. Los medios de comunicación hacían lo que en México se le conoce como "nado sincronizado" de anuncios, entrevistas y boletines elogiando al nuevo jefe del Estado mexicano. Sin embargo, la desaparición de los normalistas significó la caída del gobierno de Peña.
En septiembre de 2014 se suscitaban diversas luchas referentes a los cambios en el modelo educativo de México. Los maestros de la CNTE paralizaban el país entero y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional sacudían a la capital. Los estudiantes de las normales rurales, adheridos a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se lanzaban también a la lucha contra la reforma educativa del "pacto por México", y se alistaban para participar en un aniversario más de la masacre de Tlatelolco de 1968. Fue en el marco de esas luchas en que el gobierno mostró su lado más represor y reaccionario, y la desaparición forzada de estos jóvenes fue el colmo.
Sin embargo, la rabia y el descontento de las masas solamente incrementaría con el pasar del tiempo, pues todo el aparato estatal en su conjunto se puso en marcha para ocultar la verdad, creando una historia ficticia y validándola con confesiones bajo tortura, en la que supuestamente, uno de los estudiantes era miembro infiltrado del "cartel de los rojos", por lo que habrían sido interceptados por miembros de su grupo rival, el "cartel de los guerreros unidos", y llevados a un basurero, donde habrían sido incinerados y calcinados hasta que no quedaran restos identificables (ahora se sabe, que en cambio, uno de los estudiantes desaparecidos era de hecho infiltrado del ejército y que daba informes a sus supueriores de todos los movimientos de sus compañeros). Los padres de los jóvenes inmediatamente buscaron asesoría especializada, y gracias a grupos de derechos humanos pudieron traer a un Grupo Internacional de Expertos Independientes, así como a un equipo forense argentino que ayudó a investigar de manera paralela el caso. Gracias al apoyo de este grupo de especialistas se supo rápidamente que la versión del gobierno, conocida como "verdad histórica", no fue más que un invento.
El país entero fue inundado con protestas por la indignación de la gente, y se creó una Asamblea Nacional Popular para trazar el rumbo de la lucha. El comité de padres de Ayotzinapa, junto con la dirigencia de la CNTE y la FECSM lideraron un movimiento nacional para exigir justicia, con movilizaciones en las que se incendiaban lugares como el edificio del gobierno estatal de Guerrero, la cede estatal del PRI, la puerta principal del Palacio Nacional, y se invadía el cuartel militar del batallón 27 de infantería, donde se presumía que existía información sobre el paradero de los estudiantes. Otras acciones involucraron también el cierre de carreteras, la toma de casetas de cobro, la expropiación de camiones de carga con suministros producidos por compañías multinacionales, y un boicot a las elecciones locales de varios municipios de Guerrero.
Sin embargo, el gobierno, aunque ya muy débil, se aferró a su versión de los hechos, y solamente sustituyó a un procurador por otro. Por esta razón, es que muchas personas que simpatizan con los padres de los normalistas desaparecidos y que los han acompañado desde el inicio, creyeron que la única manera de obtener verdad y justicia sería con un gobierno diferente. A pesar de que los padres de los normalistas siempre desconfiaron de AMLO, no encontraban mejor alternativa para poder encontrar a sus hijos que con la cooperación del gobierno, y la llamada “cuarta transformación” prometía ser un gobierno diferente, por lo que aceptaban reunirse con él y con su equipo de campaña, a pesar de recibir críticas de otras personas escépticas.
Durante tres años parecía que se obtenían avances en la investigación, aunque fueran muy lentos. Se creó una Comisión de la Verdad, en la que la “verdad histórica” quedó oficialmente anulada y desechada, se encontró evidencia de que soldados de la Secretaría de Marina habían intervenido el basurero de Cocula para simular que ahí habían sido incinerados los 43 desaparecidos. Se emitieron órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, dos mandos militares y varios soldados. Sin embargo, en el momento en el que el GIEI encontró evidencia de documentos existentes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que daban indicios de tener información relevante, el caso cayó en un callejón sin salida. La SEDENA negó la existencia de esos folios y se negó a permitir que la investigación traspasara su institución, por lo que, de nuevo, todo el aparato del Estado se puso en marcha para criminalizar a los investigadores, a las organizaciones de derechos humanos, a la prensa, a los manifestantes, a los padres de los 43, y a su abogado. Además, la fiscalía especializada para el caso Ayotzinapa fue técnicamente desmantelada y su titular fue exiliado del país. A pesar de que el ejército reconoció el papel de varios elementos suyos en la desaparición de los estudiantes, hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar que se investigara más, y para todos los que hemos seguido el caso desde el inicio, era obvio por qué.
El ejército se convirtió en la institución más importante del gobierno federal, y las atribuciones que se les ha dado bajo la administración de Obrador son extensas. En esta administración, el exsecretario de defensa (funcionario del gobierno de Peña Nieto) fue detenido en Estados Unidos bajo cargos por narcotráfico y luego a petición del gobierno mexicano se le canceló su juicio para que fuera traído a México y luego exonerado sin que se le hicieran preguntas. Justamente el día que se escriben estas líneas, el senado aprobó una reforma en la que la Guardia Nacional pasa a formar parte del ejército, haciendo oficial algo que desde 2019 se hacía de manera extraoficial. El poder que ha adquirido el ejército en el gobierno de AMLO no tiene precedentes, y han tratado de evitar que se desprestigie su institución, a pesar de que tiene un largo historial reaccionario y represor, desde la revolución mexicana, el aplastamiento de movimientos obreros, la masacre de Tlatelolco, la ocupación militar de la UNAM y el IPN, la guerra sucia, la represión al movimiento zapatista, y la guerra contra las drogas que a la fecha ha costado casi medio millón de mexicanos asesinados, entre la cual está también involucrada la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Actualmente el procurador que emitió la “verdad histórica” goza de arraigo domiciliario, su sucesor, Tomás Zerón está refugiado en Israel, y quien ocupó su cargo y es señalado como uno de los torturadores de los “testigos”, trabaja en la actual Fiscalía General de la República. En principio sabemos bien que los intereses que trastoca la investigación sobre el paradero de los normalistas desaparecidos son extremadamente sensibles, por lo que solamente podemos pensar que alguien de la clase dominante, o algún entramado importante en la subordinación del gobierno mexicano con la agenda de intervención imperialista que conocemos como “guerra contra el narco” pueden ser exhibidos. También es posible que se podría exhibir una intención premeditada desde las más altas esferas del Estado para continuar el ataque al normalismo rural, y que sencillamente ese fuera el motivo de la desaparición de los estudiantes, pero sea cual sea el caso, la “cuarta transformación” solamente está protegiendo a esos intereses al negarse a permitir que se continúe investigando, exhibiéndose como lo que es: la continuación de los gobiernos anteriores, defensores del gran capital y enemigos de las clases oprimidas.
Remitimos a los lectores a los siguientes artículos:Jorge Arboleda: Justicia para Ayotzinapa: ¡No más simulaciones! ¡Alto a la militarización, noviembre de 2022, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/03/justicia-para-ayotzinapa-no-mas.html; por el mismo autor: AMLO vs Ayotzinapa: Un punto de inflexión en la izquierda mexicana, 14 de marzo de 2024, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/03/amlo-vs-ayotzinapa-un-punto-de.html; Ayotzinapa: AMLO confirma su traición al movimiento de masas por la justicia, 25 de julio de 2024, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/07/ayotzinapa-amlo-confirma-su-traicion-al.html; Mario Delgado y García Harfuch. Dos secretarios emblema del régimen, 5 de julio de 2024, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/07/mario-delgado-y-garcia-harfuch-dos.html
Comentarios
Publicar un comentario