Por Jorge Arboleda
La relación que tuvo López
Obrador con las familias de los estudiantes desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa siempre fue ambigua. Entre muchas causas sociales como los mineros
abandonados de Pasta de Conchos, [1]
los niños quemados de la Guardería ABC, [2]
cientos de miles de desaparecidos que hay en México derivado de la "guerra
contra el narco", [3]
y el constante problema de seguridad, encontrar el paradero de los 43
normalistas desaparecidos fue uno de los principales compromisos que el
presidente adquirió cuando todavía era candidato a la presidencia. Tristemente,
aunque, de manera completamente previsible, no ha llegado la justicia en
ninguno de estos casos, y, por el contrario, el gobierno mexicano se ha
dedicado a criminalizar los movimientos sociales que respaldan estas luchas.
Recientemente AMLO se ha
enfrascado en una guerra mediática contra los familiares de los estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, así como contra su abogado Vidulfo Rosales, y
contra el movimiento normalista en general, debido a la presión que han puesto
sobre el ejército para que facilite la entrega de información importante para
conocer el paradero de los estudiantes. Esta información ya se sabe que existe,
[4]
y en su momento el presidente lo negó, después reconoció que se tiene, pero culpa
a los padres de los estudiantes de querer demasiado tiempo para poder
procesarla, siendo que él dice querer resolver el caso antes de que termine su
sexenio. [5]
La realidad es que AMLO busca proteger al ejército a como dé lugar para evitar
que se dé a conocer la relación que tuvo el mismo en los eventos del 26 de
septiembre de 2014.
Desde el año pasado, el
presidente se ha enredado en una maraña de declaraciones completamente disparatadas
en las que responsabiliza a todo aquel que ha acompañado el movimiento por la
verdad y la justicia para Ayotzinapa por todo el caos en la investigación. Ha
llegado a extremos absurdos de culpar al grupo de Derechos Humanos Agustín Pro
de vincularse con Peña Nieto, Osorio Chong, Lía Limón y Emilio Álvarez Icaza.
¿Qué elementos tiene AMLO para hacer estas acusaciones? Documentos del Centro
Pro dirigidos a estos funcionarios para pedir información y exigir la verdad,
cosa que es cotidiana y protocolaria para cualquier centro de Derechos Humanos
en México. Después los acusó de ser cómplices de la Organización de Estados
Americanos (OEA) para intervenir trayendo a personas del extranjero,
refiriéndose al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
quienes siempre tuvieron la confianza del comité de padres de los normalistas,
a diferencia de las autoridades corruptas en quienes no confiaban. AMLO llegó a
tener diálogos con el GIEI, en los que al principio supuestamente les daba su
confianza, e incluso los trajo de vuelta después que el gobierno anterior los
había expulsado. Sin embargo, a medida que las investigaciones avanzaban y
apuntaban al ejército, su relación con el grupo de expertos se vio afectada, al
grado que ahora los acusa de ser intervencionistas extranjeros al servicio del
imperialismo yanqui. ¡El burro hablando
de orejas!
Hace dos años, comentamos lo que
fue una maniobra por parte del gobierno y la fiscalía para imponer una
narrativa de los hechos que encubriera a miembros del ejército, evitar la
detención de soldados involucrados, y para expulsar del caso del fiscal
encargado de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso
Ayotzinapa (UEILCA). [6]
Poco después de esto, los dos integrantes del GIEI que quedaban decidieron
retirarse de México, debido a la negativa a entregar la información que
necesitaban, que, en ese entonces, AMLO aseguraba que no existía.
Existe algo más que ha ensuciado el papel del gobierno en este caso. Felipe de la Cruz, el padre de uno de los normalistas sobrevivientes, tuvo una reunión en 2021 con López Obrador y decidió al día siguiente anunciar su candidatura para diputado suplente por Morena. Este hecho, sumado a otras metidas de pata que hizo de la Cruz, enfureció a los demás padres, quienes decidieron expulsarlo del comité. Es por esta razón que este señor ha sido elegido por el gobierno federal para ser interlocutor, y de hecho, la Secretaría de Gobernación ha pedido que en todas las reuniones con los padres, de la Cruz esté presente, con una intención abierta de evitar rendir cuentas a los familiares de los estudiantes desaparecidos, y en cambio negociar con un padre de un normalista sobreviviente que no representa a los demás. [7]
A finales de febrero, el comité de padres instaló un campamento justo en frente de Palacio Nacional, exigiendo una audiencia con el presidente. El pasado 6 de marzo, tomaron una camioneta de la CFE, y abrieron la puerta principal por la fuerza, intentando irrumpir en la conferencia de prensa diaria del presidente. Ante esta protesta, AMLO se ha dedicado a humillar a los padres, diciendo que están siendo manipulados, que su abogado Vidulfo Rosales es un terrorista, y acusando los normalistas de actuar para intereses de los conservadores. Lo peor de estos discursos de odio contra el movimiento normalista vino el día siguiente de la protesta, cuando Yanqui Gómez, un estudiante de Ayotzinapa que participó en la misma fue asesinado por la policía de Guerrero, con un tiro en la cabeza. Después de este cobarde asesinato se vino una maraña de contradicciones en las declaraciones oficiales, pues la policía dijo en un inicio que el estudiante iba armado y que disparó primero, después se desmintió esa versión y se dijo que estaba desarmado, luego se dijo que se había detenido a los responsables y que ya estaban en custodia de la fiscalía estatal, para después confesar que el policía se había fugado, pero finalmente se dio a conocer que nunca estuvo detenido por las autoridades y que se desconoce su paradero. [8] El 8 de marzo AMLO declaró que el ejército no participó en la desaparición de los estudiantes, refiriéndose que solo algunos militares que ya están presos pudieron tener un vínculo con la delincuencia organizada, pero que el ejército como institución no es responsable, agregando que todo aquel que dice que “fue el ejército”, tiene una intención intervencionista. [9]
Desde que se dio la desaparición
forzada de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en septiembre de
2014, al menos 26 personas que tenían supuestamente información de su paradero
han muerto, entre testigos, supuestos implicados y sus familiares, así como
policías y periodistas que investigaban el caso. [10]
El aparato del Estado mexicano ha hecho todo lo posible por ocultar la verdad y
proteger a los responsables, mientras que altos funcionarios que deberían dar
información, como el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de
defensa, Salvador Cienfuegos, gozan de impunidad, y nadie los molesta para ser
llamados a declarar. Se han dado miles
de vueltas al caso tratando de cerrar la investigación, siempre apuntando a un
acto del crimen organizado por razones que siguen sin ser convincentes. La
realidad es que el movimiento normalista en México siempre ha sido sujeto de
represión brutal y sangrienta, y que el año 2014 fue uno en particular en el
que el movimiento normalista y magisterial estaba en su punto más alto en el
marco de la oposición a la reforma educativa. En el sexenio de Peña Nieto se
llevaron a cabo numerosos ataques represivos contra estudiantes y maestros que
dejaron muchos muertos, como fue también el caso de Nochixtlán. [11]
Todo apunta a que el móvil para cometer el crimen de Iguala fue dar un
escarmiento a uno de los movimientos sociales más combativos del país, en el
cual se involucraron diferentes instituciones del Estado mexicano, pero no
imaginaron en su momento que el costo político fuera a ser tan alto.
El final del periodo de AMLO está
cerca, y con él su liderazgo está implosionando. El velo de la Cuarta
Transformación se desvanece y cada vez se evidencia más los pactos de impunidad
que están detrás del actual gobierno. Estas contradicciones serán aún más visibles
una vez que se dé la transición con la siguiente administración, pues Claudia
Sheinbaum, la candidata de Morena que encabeza las encuestas que predicen la próxima
elección (por mucho), no goza ni del carisma ni de la habilidad de López
Obrador para maniobrar en temas de justicia, y su grupo de campaña es un
refugio de antiguos militantes del PRI, PAN y PRD que hace apenas unos meses
detestaban a Morena y a la 4T, haciendo gala, como ya es costumbre para Morena,
de su desprecio a su militancia de base. Mientras tanto, la militarización en
México avanza rápidamente como parte de una agenda imperialista de los Estados
Unidos para mantener un control sobre América Latina.
Seguimos exigiendo justicia para
los estudiantes de Ayotzinapa, para sus familias y sus compañeros.
¡Fue el ejército! ¡Fue el Estado!
¡Basta de encubrir a los
responsables!
¡Porque vivos se los llevaron,
vivos los queremos!
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