Desmintiendo la guerra contra el narco. Un análisis sobre la propaganda de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
 |
| "La última cena mexicana", pintura del artista callejero oaxaqueño Yescas. |
Desmintiendo la guerra contra el narco. Un análisis sobre la propaganda de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Por Jorge Arboleda, Corriente
Comunista Revolucionaria, 13 de marzo de 2025, www.bit.ly/ccrimexico
Antes de que Felipe Calderón
declarara la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, al pueblo de México
nunca le pareció que las drogas o los llamados "cárteles" fueran un
problema mayor. Muchos asesinatos políticos en los 80s y 90s fueron atribuidos en
primera instancia a grupos del narcotráfico, por lo que en el imaginario
público era plausible que personas como el cardenal Jesús Posadas Ocampo, quedaran
atrapados en el supuesto fuego cruzado por un enfrentamiento entre el Cártel de
Sinaloa y el Cártel de los Arellano Félix, o que políticos como Luis Donaldo
Colosio o Francisco Ruiz Massieu fueran víctimas de gatilleros del crimen
organizado, y no de Raúl Salinas de Gortari como se supo después en el caso de
Ruiz Massieu, ya que era sabido que estos grupos normalmente portaban armas,
debido a la clandestinidad de su negocio y que eran recurrentemente perseguidos
por el Estado o por sus rivales. Ya por el caso del cardenal Posadas, el
gobierno detuvo a El Chapo Guzmán en 1993 (la primera de tres veces),
supuestamente localizado en Guatemala, a pesar de que las autoridades
guatemaltecas negaron completamente ese hecho. El caso emblemático del agente
de la DEA Enrique Camarena es otro ejemplo, pues muchos años se dijo por parte
del gobierno mexicano y de la misma DEA que su asesino era Felipe Caro
Quintero, líder del Cártel de Guadalajara, versión que sostienen hasta la fecha,
a pesar de que mismos agentes de la DEA como Héctor Berrellez descubrieron que
su verdadero asesino era más seguramente un agente de la CIA, por descubrir el
entramado entre dicha agencia, la SEGOB y el Cártel de Guadalajara para
financiar, entrenar y armar a un grupo paramilitar que sería enviado a
Nicaragua a combatir contra la revolución sandinista. Pero a pesar de la mala
fama que tenían los narcotraficantes en México, nunca fue parte del imaginario
colectivo que estos tuvieran ejércitos enteros a su disposición, armas de alto
calibre de uso exclusivo del ejército, vehículos transformados en tanques,
cohetes anti aéreos, ni un control tan profundo de la política mexicana, ni
mucho menos que tuvieran imperios multinacionales de producción y trasiego de
droga. Pero después de ese decreto de 2006, todo cambió.
Los primeros lugares donde
Calderón mandó a los soldados fueron en Michoacán, donde comenzaron
enfrentamientos con supuestos miembros de los cárteles, pero el lugar donde el
horror fue más visible fue Ciudad Juárez al año siguiente. A partir de las
matanzas y desapariciones en esa ciudad, fue que la gente comenzó a imaginar a
los narcotraficantes como personas sumamente poderosas, sanguinarias y cuya
carne de cañón era prácticamente infinita, pues los reportes oficiales hablaban
de miles de hombres abatidos en supuestos enfrentamientos. Una vez que se
dieron a conocer asesinatos de personas inocentes, como el caso de la masacre
de Villas de Salvárcar, en el que un comando armado asesinó a 16 jóvenes de
bachillerato, o cuando soldados asesinaron a dos estudiantes del Tec de
Monterrey, fue que el gobierno se refugió en excusas como "daños
colaterales", “ajuste de cuentas” o que “en algo andaban”. Ese “en algo
andaban” se convierte en un mantra popular para cada caso de asesinato en el
país.
A partir de ahí, todo el país
estuvo en llamas, los narcotraficantes desde entonces parecen invencibles, son
una fuente inagotable de hombres armados que cada que uno muere acribillado por
el ejército o por policías, 100 más toman su lugar, además de que logran
conseguir armas de manera inexplicable, y su organización parece ser tan
poderosa que no se puede entender sin la colaboración de funcionarios públicos.
El concepto de "Narco-Estado" comienza entonces a cobrar
sentido, sobre todo por investigaciones de varios periodistas que logran
descubrir el nexo entre políticos y funcionarios con el crimen organizado. El
ejemplo emblemático de Narco-Estado es Genaro García Luna, el secretario de
Seguridad Pública, quien es acusado por varias fuentes de colaborar con el
Cártel de Sinaloa.
La DEA, así como algunos
periodistas, ubican a El Chapo Guzmán como el narcotraficante más poderoso de
México, un hombre analfabeto que no pasó de 4° grado de primaria que
aparentemente controla el mercado internacional de la droga. Si lo dice una
agencia estadounidense tan importante como la DEA, debe ser verdad, además era
sabido que El Chapo escapó de prisión en el año 2001 de alguna manera, por lo
que algo de influencia debía de tener el señor entre el gobierno mexicano. El
Chapo aparece en la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo varias
veces, con una fortuna estimada en los mil millones de dólares, a pesar de que
no se cuenta con ningún dato que pueda sostener tal estimación.
La profesión de periodista
comienza a ser extremadamente peligrosa, en especial entre los que investigan
vínculos entre políticos y el crimen organizado. Pero no solo los periodistas,
también los migrantes y los miembros de comunidades donde existe algún proyecto
extractivo. Activistas de zonas rurales y marginadas desaparecen o aparecen
muertos por oponerse a la mina, a la presa, al pozo petrolero, a la carretera,
a la venta ilegal de ejidos, a la fábrica, a la planta termoeléctrica, a la
tala de árboles, etc. Se comienza a especular sobre el papel de los cárteles en
la operación de minas. El gobierno asegura de alguna manera que los Caballeros
Templarios, un grupo liderado por un maestro rural en retiro conocido como La
Tuta, vende toneladas de hierro a China a través del puerto de Lázaro Cárdenas.
Se crea también el concepto de “vacío
de Estado”, es decir, que ante la ausencia del Estado y su completa
incapacidad para crear infraestructura, brindar educación y servicios de salud,
el crimen organizado sale al quite para crear una base social, por lo que
comunidades rurales donde habitan estos criminales supuestamente logran tener
estos servicios gracias a los cárteles. Una noticia muy sonada fue la de que El
Mencho se mandó a construir un hospital privado especialmente para él en la
comunidad de Alcihuatl en la sierra madre occidental, debido a su insuficiencia
renal. Sin embargo, la documentación demuestra que dicho hospital claramente es
una pequeña clínica pública, hecha con presupuesto público del Estado de
Jalisco, y que no tiene ni la infraestructura ni el equipo necesario para
atender pacientes con dicha patología. Después de la tercera captura de El
Chapo, este es extraditado a EE. UU., donde enfrenta una cadena perpetua, y de
la reciente captura de El Mayo, quien después se supo que era el verdadero
líder del Cártel de Sinaloa y no su compadre, el siguiente en la lista de los
narcotraficantes más poderosos del mundo era El Mencho, pero hace pocos meses
se confirmó su muerte, debido precisamente a una falla renal. Desde entonces,
se desconoce quién es el nuevo “jefe de jefes” que controla el negocio
de la droga en México y en EE. UU. Recientemente estalló una supuesta guerra
entre las facciones del Cártel de Sinaloa, convirtiendo a Culiacán y a zonas
aledañas en verdaderas zonas de guerra, que recuerdan lo que fue Ciudad Juárez
entre 2007 y 2011. Al principio existen narcobloqueos, pero después de la
llegada de miles de militares, es cuando la violencia se dispara. Tanto en Michoacán,
Ciudad Juárez, Culiacán, zonas fronterizas de Chiapas como Pantelhó y
Chicomuselo, y en general en todo el país, se convierten en zonas de guerra
solamente después de la llegada del ejército, por lo que es inevitable la
correlación entre el fenómeno de militarización y el estallido de la violencia
que provoca el desplazamiento de pueblos, el terror y la muerte de miles de
personas. Laboratorios son decomisados, miles de presuntos criminales son
abatidos, detenidos y extraditados, pero el flujo de droga solo sigue
creciendo, y aunque una u otra organización criminal se debilita o desaparece,
siempre existen las suficientes como para mantener el negocio creciendo, y la
violencia junto con él. Esto ha sido una constante desde el mero inicio de la
guerra contra el narco.
Lo que sabemos de esta guerra
realmente es muy poco. Sabemos que en lo que va de 2006 a la fecha ha habido 500
mil homicidios dolosos, y más de 120 mil personas desaparecidas, así como más
de 250 mil personas desplazadas de sus comunidades, de acuerdo con las cifras
oficiales. Sabemos que se sostiene en tratados internacionales de seguridad
entre EE. UU. y México, principalmente mediante la Alianza por la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, rebautizada
como Entendimiento Bicentenario. Estos tratados comprometen a México a comprar
armas, tecnología de vigilancia y contratar servicios de entrenamiento en
contrainsurgencia tanto de los EE. UU. como de Israel. Las fuerzas armadas
mexicanas están adheridas en el Comando Norte de los EE.UU., y todas sus
operaciones en México se hacen en coordinación con la inteligencia de dicho
comando, así como de la CIA y de la DEA.
La DEA es quien generalmente
designa a los narcotraficantes más buscados, además de que divulgan información
bastante precisa sobre sus vidas personales, sus fortunas, sus zonas de
influencia, su árbol genealógico, sus amistades, y sobre el producto que
trafican. Sin embargo, a pesar de que la inteligencia estadounidense cuenta con
toda esta información, siempre es extremadamente difícil dar con estos
individuos para capturarlos. La DEA también es el origen de la percepción de
que los narcotraficantes mexicanos son hombres sumamente poderosos y
sanguinarios, que eliminan a sus víctimas dándolas de comer a tigres y leones,
así como de historias de intrigas entre miembros de los cárteles. La DEA en
ocasiones pareciera que se basa en telenovelas para describir las relaciones
entre los narcotraficantes.
El concepto que se tiene de “Narco-Estado”
nace del descubrimiento de lazos importantes entre políticos y funcionarios
públicos con miembros de bandas criminales, además de incontables historias en
las que policías o soldados han llegado a cometer algún crimen en nombre de
alguna célula delictiva. Esto es algo de lo que Estados Unidos ha acusado a
México en varias ocasiones, y es algo que no se puede negar. Sin embargo, la
relación que existe entre el Estado mexicano y el narcotráfico se ha
interpretado como si el narcotráfico infiltrara al gobierno, o como si fuera
más poderoso y el gobierno fuera dominado por este. La realidad apunta más bien
en sentido contrario. De acuerdo con Luis Astorga, en su libro “El siglo de
las drogas”, [1] el
narcotráfico es una de tantas mafias que existen en México, la cual
prácticamente nace del mismo control Estatal de dichas mafias, por lo que la
relación entre Estado mexicano y narcotráfico coloca al primero siempre por
encima del segundo, es decir, que el narcotráfico como actividad siempre ha
estado vigilada y controlada por el Estado mexicano de diferentes maneras.
Nosotros en nuestra Tesis sobre la Guerra Contra las Drogas consideramos que
este control fue afianzado a partir de la llamada Operación Condor en
los años 70s, en la que, con el pretexto de combatir al narcotráfico, el
ejército mexicano llevó a cabo varias operaciones de contrainsurgencia como
parte del papel que jugaba en la Guerra Fría. [2]
La historia del Cártel de Sinaloa
es básicamente la historia de campesinos pobres que se dedicaban al cultivo de
marihuana y amapola o “dormidera”, como era conocida en los años 70s.
Testimonios de personas que pertenecían al cártel antes de 2006 refieren que
era prácticamente un negocio familiar de habitantes de ciertas zonas de lo que
se conoce como El Triángulo Dorado. No existe evidencia de que antes de ese año
el cártel fuera una organización vertical, ni fuertemente armada, sino que
recibían una riqueza por traficar drogas, pero nada parecido a lo que se nos
menciona en la historia reciente.
En el año 2012 se dio a conocer
la operación Rápido y Furioso, una serie de movimientos por parte del
gobierno de Estados Unidos que realizó entre 2006 y 2011, sin conocimiento del
gobierno mexicano, para filtrar armas que supuestamente tenían el objetivo de
localizar a los grupos criminales para poder desarticularlos. Sin embargo,
dichas armas se dispersaron de manera que nunca fueron localizadas y de esta
manera estos grupos obtuvieron estas armas. En el año 2021 el gobierno mexicano
demandó a armerías de los Estados Unidos por la venta de armas que fluyen a México,
sin embargo, esta demanda no tiene nada que ver con el caso de Rápido y
Furioso, sino que el argumento es que la venta de armas en EE. UU.
indirectamente ayuda a los cárteles a armarse. Sin embargo, esto también omite
el hecho de que México compra armamento a EE. UU. mediante los tratados ya
mencionados, y que también compra armas de origen israelí, las cuales han sido
en muchas ocasiones ubicadas en las manos de los cárteles. Si grupos como el
CJNG tienen ametralladoras de alto poder, lanza cohetes, armas anti-aereas y
otro tipo de armamento de uso exclusivo del ejército estadounidense, no es
porque estas lleguen de contrabando desde EE.UU. ni por la operación Rápido
y Furioso, sino que estas son directamente compradas por el gobierno
mexicano y de alguna manera llegan a los grupos criminales.
El 18 de septiembre del 2011
sucedió una fuga masiva de tres cárceles en el Estado de Veracruz en donde se
dijo que eran 32 reos los que se habían escapado. Dos días después, aparecieron
35 cuerpos abandonados en una camioneta en la zona comercial del puerto de
Veracruz con una narco-manta. El gobernador Javier Duarte (hoy preso), aseguró
que eso le pasaba a la gente que “obraba mal”, y aunque no se hizo la
relación oficial, se especuló que los cuerpos correspondían a los presos
fugados. Sin embargo, una investigación basada en testimonios de funcionarios públicos
y por la denuncia de familiares, descubrió que los cuerpos correspondían a
personas que habían sido raptadas por la policía estatal cinco días antes
durante una fiesta por la celebración del día de la independencia en la colonia
Formando Hogar. Casos como este abundan en todo el país, una masacre perpetrada
supuestamente por grupos criminales donde las víctimas eran otros criminales
resultó ser un crimen perpetrado por fuerzas del orden, ya sea policías o
soldados, a personas que no tenían ningún antecedente criminal. [3]
Los falsos positivos que se conocen apuntan a que muchas de las masacres,
asesinatos, desapariciones y extorsiones relacionadas a la guerra contra el
narco en realidad son producidas por las mismas fuerzas armadas o policías.
La relación que existe entre la
violencia y la proliferación de industrias extractivas tiene muchas evidencias.
Si bien esto sucede principalmente en zonas rurales, ejidos y fuera de las
grandes ciudades, esto ha contribuido a que la información oficial sea difícil
de contrastar. Sin embargo, es una realidad que en zonas donde supuestamente el
crimen organizado domina y provoca el terror, las industrias extractivas no
tienen mayor problema para operar, y peor aún, se enfrentan con menos
resistencia por parte de las comunidades afectadas. En Tamaulipas, donde los
Zetas provocaban un ambiente de extremo miedo, las empresas de extracción de hidrocarburos
conseguían este recurso de la mano de los mismos Zetas. [4]
En Guerrero existen numerosos
conflictos derivados de la minería. En el año 2014 se llevó a cabo una
ejecución extrajudicial de 22 jóvenes que presuntamente buscaban comprar armas
al ejército, y soldados los acribillaron aludiendo a que eran miembros de un
cártel, esto en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, vecino del
municipio de Arcelia, Guerrero, el cual estaba gestando un movimiento de
autodefensas debido al aumento de la violencia relacionada con la actividad
minera.
Ese mismo año se llevó a cabo la
desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de
maestros que está adherida a la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México (FECSM), la cual es una organización marxista que lucha
por la educación pública y gratuita, cuyos miembros regularmente se enfrentan
al gobierno y a sus fuerzas represivas por diversas luchas que llevan a cabo. Los
estudiantes de la FECSM regularmente son reprimidos fuertemente por su acción
directa, como el secuestro de camiones para realizar sus prácticas en zonas
rurales, o incluso para actividades políticas. Un antecedente reciente previo a
2014 fue cuando en 2011 alumnos de Ayotzinapa cerraron el paso de la carretera
México-Acapulco en protesta por la reforma educativa, y policías vestidos de
civil abrieron fuego contra ellos, asesinando a dos estudiantes. Sin embargo,
la escuela también se encuentra en una zona minera, a una hora de la mina
Equinox Gold, la cual es una de las más grandes minas de oro del país, y la
actividad política de la Normal Rural de Ayotzinapa incluye también el apoyo a
las comunidades cercanas, las cuales regularmente tienen conflictos con las
minas. Si bien la desaparición de los estudiantes concuerda perfectamente con
crímenes anteriores por parte de las fuerzas represivas del Estado, en especial
con los militares, es posible que también esté relacionada con la actividad
minera en las comunidades cercanas. Después de todo, la evidencia y los testimonios
apuntan directamente a la policía y al ejército, y las versiones que manejan la
intervención del crimen organizado parecen ser más un intento del gobierno
mexicano y hasta de la DEA de evitar que se manche aún más la reputación de las
fuerzas armadas.
El principal impulsor de esta
guerra es precisamente EE. UU., pues se sabe ahora gracias a un cable de
Wikileaks que en 2006 la embajada estadounidense presionó a todos los
candidatos a presidentes de la elección de ese año para que aseguraran que se
llevaría a cabo una militarización para combatir al narcotráfico, incluyendo a AMLO.
[5]
Pero más allá de ese cable, los tratados como la ASPAN y la Iniciativa Mérida
fueron promovidos desde Washington, el Pentágono es quien provee de armas tanto
a fuerzas estatales mexicanas como a grupos paramilitares, ya sea de una u otra
forma, y las operaciones de “inteligencia” que realizan las instituciones
mexicanas de seguridad las hacen en coordinación con la CIA, la DEA y el
ejército estadounidense. En meses recientes el ejército de EE. UU. y la CIA han
anunciado incursiones de drones para espionaje en los estados del norte de
México, y el loco multimillonario que co-dirige la Casa Blanca, Elon Musk, afirmó
en su cuenta de Twitter que ahora que los cárteles han sido designados
terroristas, eso faculta a Washington para bombardearlos. [6]
Si bien esto suena muy descabellado y podría solo ser propaganda gringa con la
finalidad de presionar al gobierno mexicano, las amenazas de una invasión
directa de los EE. UU. para supuestamente combatir al narco son cada vez más
frecuentes, sobre todo porque hay acusaciones directas de la Casa Blanca de que
el gobierno mexicano colabora con los narcos, aunque no muestra realmente una
prueba de ello, pero es verdad que es de conocimiento público la cantidad de relaciones
que han tenido políticos y funcionarios con grupos criminales y mafiosos, como se
ha mencionado antes.
Y es que existen algunas
relaciones que inexplicablemente están ahí en el ojo público. Tomemos como
ejemplo Guerrero, un Estado gobernado por Evelyn Salgado, quien estuvo casada hasta
antes de ser candidata, con el hijo de Joaquín Alonso Piedra, alias El Abulón, quien
según las autoridades era un operador del Cártel de los Beltrán Leyva. Joaquín Piedra
era también compadre de Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn. El diputado
del PRD Bernardo Ortega Jiménez es hijo de Carlos Ortega Rosas, alias La
Ardilla, y hermano de Celso Ortega Jiménez, quienes lideran la banda criminal
conocida como Los Ardillos. [7]
En los años 40s uno de los
narcotraficantes más buscados en Sinaloa era Francisco de la Rocha, un ex
policía que se dedicó al cultivo de Amapola, su hermano Rafael era diputado del
distrito de Tamazula en Durango. En esos mismos años, se destruyó un plantío de
amapola cerca del rancho propiedad del diputado Francisco Landavazo, cuyos
trabajadores eran pagados por él para el cultivo de la amapola, y entre los
detenidos estaba un agente de la policía de Prevención Social, primo de Francisco.
En los años 50s, uno de los principales narcotraficantes de Baja California era
Salomón Maldonado Sánchez, quien era pariente cercano del gobernador de dicho Estado,
Braulio Maldonado, y en esos mismos años se detuvo al exjefe de la policía judicial
del mismo estado con posesión de heroína. Para 1957, los lugareños de la zona
conocida como Nudo de Ábrego entre Coahuila y Nuevo León afirmaban que los
dueños de las rancherías donde se producía marihuana eran propiedad del general
Jesús González, y que su pariente, Guillermo González Cuellar era quien
distribuía la yerba. Guillermo González Calderoni, jefe de la Policía Judicial
Preventiva, era compadre de Miguel Ángel Félix Gallardo, otro miembro del
Cártel de Guadalajara, hasta que González lo traicionó en 1989 y lo
encarceló. [8]
Existen un par de casos emblemáticos
al respecto en el periodo moderno de la guerra contra las drogas en México. En
1997 fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el jefe del Instituto Nacional
de Combate a las Drogas, (INCD) por presuntamente proteger al narcotraficante
Amado Carrillo Fuentes. Hoy su hijo, César Gutiérrez Priego, es un asesor legal
del ejército, y compite para ser magistrado del Poder Judicial. César Gutiérrez
es bastante activo en redes sociales y se encarga de llevar a cabo propaganda
en favor del ejército en lo que respecta a casos de represión y la guerra
contra el narco.
Otro caso es el de Omar García
Harfuch, de quien nos referimos en un artículo anterior de la siguiente manera:
“Omar García Harfuch es hijo de José García Paniagua, un prominente político
priista que fungió como comandante de la extinta Dirección Federal de
Seguridad, en la que jugó un papel clave durante la guerra sucia en la que se
reprimió y desapareció a miles de personas disidentes al gobierno en los años
70’s. También es nieto de Marcelino García Barragán, quien fue secretario de la
Defensa Nacional y responsable de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en
1968, así como del asalto al IPN en el Casco de Santo Tomás, la toma de la UNAM
y la represión generalizada del movimiento estudiantil durante ese año. Si bien
uno no debe ser culpable de los crímenes de sus padres, ya sus antecedentes
familiares son por lo menos problemáticos. Sin embargo, eso no es todo el
problema con García Harfuch. Durante la trágica noche de iguala en la que la
Policía Municipal y la Policía Federal, con ayuda del ejército, secuestraron a
43 y mataron a 3 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, él era coordinador de la
Policía Federal en ese estado, además de que, de acuerdo con una investigación
de la periodista Anabel Hernández, existen varias evidencias de que lo implican
en dicho acto de desaparición, así como de vínculos con un grupo del crimen
organizado: “Hay seis elementos irrefutables que implican a García Harfuch en
los hechos ocurridos en Iguala: Uno: la acusación directa y oficial del testigo
"Juan”. Dos: la agenda encontrada a Sidronio Casarrubias cuando fue
detenido en octubre de 2014, a quien el gobierno acusa de ser miembro de [el
grupo criminal] Guerreros Unidos; en ella estaba el nombre y teléfono de García
Harfuch. Tres: en su expediente policiaco de la Unidad de Asuntos Internos se
afirma que desde 2012 reprobó los exámenes de confianza y que en la prueba del
polígrafo (detector de mentiras) delató sus vínculos con el crimen organizado.
Cuatro: Luis Antonio Dorantes, ahora detenido, el 26 de septiembre de 2014
mantuvo informado a García Harfuch de todo lo que ocurría en la base de Iguala,
(…). El quinto elemento es la investigación realizada por la Unidad de Asuntos
Internos de la PF en 2017, en la cual se revela que la PF en Guerrero estaba
penetrada por el crimen organizado. Dorantes y muchos otros elementos de la
corporación bajo el mando de García Harfuch trabajaban para narcotraficantes. Y
el sexto hecho que lo incrimina es la propia confesión de Omar García Harfuch
ante la PGR.”
García Harfuch fue, además,
secretario particular de Luis Cárdenas Palomino, quien permanece preso por el
delito de tortura en el enredado caso del montaje de Los Zodiaco, quien además
era uno de los personajes más allegados a Genaro García Luna dentro de la SSP,
y con quien comparte una acusación por narcotráfico y recibir millonarios
sobornos del Cartel de Sinaloa en una corte de Nueva York.” [9]
En los archivos desclasificados
de la extinta DFS y del CISEN, existen datos que corroboran que
narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara,
así como Rafael Guajardo Aguilar, cofundador del Cártel de Juárez, tenían
credenciales de la DFS, y de hecho, la credencial de Guajardo fue dada de alta
por orden del entonces Subsecretario de Gobernación, Javier García Paniagua, el
padre de García Harfuch. [10]
El involucramiento de la DEA y la
CIA en el tráfico de drogas tiene también amplia documentación, pues no se
trata solamente del caso Camarena y la Contra Nicaragüense. Hay de hecho toda
una página de Wikipedia dedicada a este tema. El historiador Alfred W. McCoy aseguraba
que la CIA protegía a los traficantes afganos de heroína, además de que les proveía
de transporte y armas, con la finalidad de combatir la ocupación de la URSS en
Afganistán. [11] La
CIA ayudó también al tráfico de opio entre China, Birmania y Tailandia como una
manera de obtener fondos para el Kuomingtang. [12]
El dinero del narcotráfico que la CIA usó para financiar a la Contra
Nicaragüense también se usó para financiar la Contra de Irán, de acuerdo con la
investigación de Gary Webb. [13]
Existe todo un historial de acusaciones por parte de funcionarios del aeropuerto
de Mena en Arkasas donde se denuncia que dicho sitio era el lugar donde la CIA
importaba la cocaína proveniente de Colombia. En este caso, el designado para
investigarlo fue un policía del Estado de Arkansas que fue víctima de un ataque
con ántrax, por lo que al final fue la misma CIA la que se investigó a sí misma
y cerró el caso del aeropuerto de Mena. [14]
En el año de 1989, EE. UU. invadió
Panamá para aprender al general Manuel Noriega, con la finalidad de rebatir los
documentos que fueron interceptados por los sandinistas cuando derribaron un
avión estadounidense en Nicaragua, que contenían bastante información que
apuntaba a que Noriega operaba como narcotraficante para financiar a la Contra
Nicaragüense, además del financiamiento que recibían por el Cártel de Guadalajara.
[15]
En 1996, Ramón Guillén Dávila, el jefe antinarcóticos de Venezuela y agente de
la CIA, fue acusado por un juez por introducir cocaína en Miami desde Colombia.
En su defensa, Guillén aseguró que sus operaciones de contrabando eran
aprobadas por la misma CIA. [16]
Todo apunta a que las mismas
agencias de los EE. UU. son las principales beneficiadas con el tráfico de
drogas, pues es un gran negocio con el que además han logrado que Washington
controle políticamente a varios gobiernos de América Latina, y pensar que lo
que los gringos consideran su “patio trasero” no sea estrictamente controlado
por el aparato de inteligencia y espionaje más sofisticado del mundo es por lo
menos ingenuo. La propaganda de la guerra contra el narco debe ser desmentida,
pues ya han pasado 18 años de masacres en las que los mexicanos sufrimos terror
y dolor debido a los intereses imperialistas de nuestro vecino del norte, así
como de la clase dominante que nos explota en nuestro país, junto con el
gobierno que es cómplice de estos crímenes.
[1] Ver
en Luis Astorga: El siglo de las drogas. Del porfiriato al nuevo milenio, Ed. Penguin
Random House, Ciudad de México 2016, p. 152-164
[2] Ver
en CCR: Tesis sobre la Guerra contra las Drogas en México y las tareas de los
revolucionarios, 18 de diciembre de 2024, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/12/tesis-sobre-la-guerra-vs-las-drogas-en.html
[3] Ver
en Miguel Ángel León Carmona: Permiso para matar, Capítulo 7: Enemigos en el
discurso y cómplices en la guerra, https://permisoparamatar.org/capitulo/7
[4] Ver
en Guadalupe Correa-Cabrera: Los Zetaz Inc. La corporación delictiva que
funciona como empresa transnacional, Capítulo X: La Guerra de los Zetas y el
sector energético de México, Ed. Planeta, Ciudad de México 2018, pp. 165-194
[5] Ver en WikiLeaks: Cable
06MEXICO505_a: Apocalypse not: AMLO assures ambassador he will have a strong,
sound administration, https://wikileaks.org/plusd/cables/06MEXICO505_a.html
[6] Ver
en el siguiente tweet: https://x.com/elonmusk/status/1892288041894465657
[7] Sobre
esto ver en Jorge Arboleda: El narco vs Morena en Guerrero: Una falsa
dicotomía, 31 de julio de 2023, https://ccrimexico.blogspot.com/2023/07/el-narco-vs-morena-en-guerrero-una.html
[8] Ver
en el libro mencionado anteriormente de Luis Astorga: El Siglo de las drogas, pp.
68, 72, 87, 89, 90 y 155.
[9] Sobre
esto ver en Jorge Arboleda: Mario Delgado y García Harfuch. Dos secretarios
emblema del régimen. Los últimos nombramientos de los secretarios de Seguridad
y de Educación Pública, 5 de julio de 2024, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/07/mario-delgado-y-garcia-harfuch-dos.html
[10] Ver
en Alejandro Ruiz: Narcos y políticos: agentes secretos del gobierno.
Expedientes que vinculan a narcotraficantes, políticos y funcionarios con los
aparatos de inteligencia del Estado mexicano, son parte de los documentos que
el Centro Nacional de Inteligencia no ha entregado al Mecanismo de
Esclarecimiento Histórico de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, 22
de agosto de 2023, en Pie de Página, https://piedepagina.mx/narcos-y-politicos-agentes-secretos-del-gobierno/
[11] Ver en Alfred W. McCoy: The
politics of heroin: CIA complicity in the global drug trade, Afghanistan,
Southeast Asia, Central America, Colombia, Lawrence Hill Books, Chicago 2003,
p. 385
[12] Ídem, p. 287
[13] Ver en Gary Webb: Dark
Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion, Seven Stories
Press, 2014
[14] Ver en Terry Reed and John
Cummings: Compromised: Clinton, Bush and the CIA, SPI Books, New York 1994, pp.
105, 146, 216, 238 y 239
[15] Ver en Alexander Cockburn y
Jeffrey St. Clair: Whiteout: The CIA, drugs, and the press, Verso Books, New
York 1999, pp. 282-304
[16] Ver en Howard G. Chua-Eoan y
Elaine Shannon: Confident Games, en Time Magazine U.S., 29 de noviembre de
1993,
https://web.archive.org/web/20120429155350/http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,979669,00.html;
ver también en Rus Kick: You are being lied to: The Disinformation Guide to
Media Distortion, Historical Whitewashes and Cultural Myths, The Disinformation
Company, Nueva York 2001, p. 132; Tim weiner: Venezuelan General Indicted in
C.I.A. Scheme, en New York Times, 20 de julio de 2012, https://archive.is/Bf00
Comentarios
Publicar un comentario