El narco vs Morena en Guerrero: Una falsa dicotomía

Por Jorge Arboleda, CCRI México, 31 de julio de 2023.

Entre el 24 de junio hasta mediados del mes de julio, Chilpancingo, la capital del Estado de Guerrero, sufrió una fuerte ola de violencia en la que hubo "narco-bloqueos", incendio de vehículos, el asesinato de trabajadores transportistas de diferentes rutas, la aparición de cuerpos desmembrados y por último, la irrupción de un grupo de entre aproximadamente 5 mil campesinos provenientes de la comunidad de Quechultenango que entre el 10 y 11 de julio realizaron un bloqueo de la carretera, robaron un vehículo anti-motines de la policía estatal, secuestraron y retuvieron a 13 policías, y entraron por la fuerza al congreso del Estado exigiendo un diálogo con parte de las autoridades. Este último hecho captó la atención de los medios a nivel nacional, escandalizando sobre la "violencia" con la que estos campesinos actuaban en contra de la policía y la Guardia Nacional, quienes no pudieron contener la movilización y fracasaron en reprimir a los manifestantes. Todo esto pocos días después de que se diera a conocer un video en el que Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, se sentaba en un restaurante a conversar con Celso Ortega Jiménez, quien, junto a su padre, Carlos Ortega Rosas, alias "La Ardilla", es señalado como líder del grupo delictivo regional conocido como "Los Ardillos".

A partir de ese momento, los medios de comunicación y sobre todo las autoridades federales comenzaron a dar supuestas explicaciones al respecto. En la conferencia diaria del presidente, AMLO y Rosa Icela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informaron que dicha movilización estaba directamente organizada por los Ardillos, y que habían identificado a dos de sus líderes: Guillermo Matías Marrón y Jair Sereno Chávez, y que sus demandas eran la liberación de dos transportistas que habían sido detenidos por la Guardia Nacional por supuestos nexos con el narcotráfico.

Sin embargo, en el segundo día de bloqueo, se realizó una mesa de negociación en plena calle y a la vista de todos, donde participaron titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, CICAEG, CAPASEG, IGIFE (instituciones de apoyo social para obras e infraestructura) y la Dirección General de Gobernación, en la que Matías Marrón, uno de los señalados, tomaba el micrófono y negaba tener nexos con los Ardillos, y se presentó como líder de la Organización de Comisarios de Guerrero (una organización fachada del PRI que en realidad es controlada por caciques). Explicó que sus demandas no tenían nada que ver con la liberación de nadie, sino con la construcción de carreteras e infraestructura que han pedido al gobierno desde hace años. En algunos medios de comunicación, Jair Sereno Chávez, el otro imputado, concedió entrevistas vía telefónica para desmentir la información que la SSPC dio en la conferencia del presidente; explicando que él es un poblador de Quechultenango y que es un "influencer local", y que se sumó a la movilización a petición de sus vecinos.

Si bien las palabras de estos dos hombres no necesariamente se tienen que tomar por ciertas, lo que el gobierno de México y muchos medios de comunicación replicaron sobre estos hechos fue que ahora los grupos criminales ya cuentan con base social, y que son capaces de movilizar masas para golpear al gobierno morenista del Estado de Guerrero, de la ciudad de Chilpancingo y del gobierno federal, intentando generar una falsa dicotomía en la que el gobierno es víctima del narcotráfico.

Para empezar, es necesario saber que los Ardillos tienen un pariente directo en el gobierno de Guerrero. Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso, es diputado por parte del PRD en el congreso del Estado y fue alcalde de Quechultenango, y a pesar de que niega cualquier relación con los delitos de su hermano y su padre, uno no puede evitar pensar en que su inocencia es falsa, sin embargo, es un ejemplo de cómo los grupos criminales en México tienen estrechas relaciones con políticos locales, regionales y federales. 

Lo lógico que se piensa de todos estos hechos es que hubo un canal de negociación entre los Ardillos y el gobierno de Chilpancingo que se rompió por alguna misteriosa razón, y que derivado de ello inició la ola de violencia reciente, lo cual el gobierno de Obrador ha aprovechado para alimentar esta falsa dicotomía.

El periodista Témoris Grecko ha escrito dos artículos en donde trata de poner contexto a este reciente fenómeno, pero cae tristemente en el discurso oficialista, asegurando que hay comunidades que están completamente influenciadas por los grupos criminales, y que son movilizados por ellos.   Esta idea de la “base social” del narcotráfico se ha mencionado antes, y aunque es un concepto que se ha usado de manera muy vaga, nunca se había considerado como la dirección directa de masas movilizadas, sino como grupos clientelares a quienes el narcotráfico coopta a través de servicios que el Estado no brinda en sus comunidades, en lo que algunos llaman “vacío de Estado”.

Desafortunadamente, en la ecuación que plantean Grecko, y el gobierno federal en la que aparecen los grupos criminales, los políticos y los grupos clientelares, hay un orden equivocado. Los grupos criminales en México son, a pesar de toda la información brindada por instituciones de gobierno y la prensa, organizaciones sumamente misteriosas, de las cuales la DEA, la CIA, el FBI y las instituciones de seguridad mexicanas conocen plenamente sobre sus líderes, sus zonas de influencia, el material que trafican, sus rutas, sus ingresos, sus alianzas y rivalidades, y además logran calcular sus supuestas fortunas, pero por alguna extraña razón, siguen operando e incrementando su poder a pesar de que cada año mueren miles de sus miembros en enfrentamientos con el ejército y la policía, donde el índice de letalidad de las fuerzas armadas mexicanas es mayor al 85%, y que a pesar de que presumen regularmente un poder armamentístico que en ocasiones supera al ejército, son constantemente repelidos por las autodefensas y policías comunitarias que utilizan armas sumamente viejas y en mal estado, como es el caso del Concejo Indígena y Popular de Guerrero - Ejército Zapatista (CIPOG-EZ), o la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC).  

Si los Ardillos ya estaban causando terror en Chilpancingo a través de narco-bloqueos, incendios de vehículos y el asesinato de personas, ¿en qué les ayudaría una movilización de campesinos armados únicamente con palos y piedras, que terminaron negociando la construcción de carreteras en un pueblo a plena vista de todos? Si se supone que son un grupo fuertemente armado al que las autoridades no pueden desmantelar, ¿esta movilización no significaría una muestra de debilidad en cuanto a su poder militar?

Finalmente, la Organización de Comisarios de Guerrero es una organización fachada de caciques ligados al PRI y al PRD, la cual funge como aparato clientelar para mantener a campesinos afiliados a sus partidos y sometidos a su control político. En todo el país existen este tipo de organizaciones que, bajo nombres de grupos campesinos, obreros y democráticos (como Antorcha Campesina, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, etc.) esconden su naturaleza corporativista, al servicio de la burguesía regional a través de instituciones de gobierno y sindicatos charros. Si bien es completamente cierto que PRI y PRD tienen nexos con el crimen organizado, como el resto de los partidos políticos, no quiere decir que sean estos grupos criminales quienes directamente movilicen a masas campesinas para lograr sus fines, pues para ello tienen sus armas y sus nexos con el gobierno y la burguesía, sino que, en todo caso, son el PRI y PRD quienes usan a sus aparatos clientelares para golpetear políticamente a su rival, Morena. Se tiene que entender claramente la diferencia entre una y otra cosa, pues de otro modo se abre la puerta para la criminalización de la protesta. Si ya en estos tiempos el gobierno obradorista ha usado su capacidad de comunicación para atacar movimientos de mujeres, de familiares de personas desaparecidas y normalistas rurales insinuando que son herramientas de los partidos de oposición, validar la narrativa del narcotráfico que hace marchas políticas sería muy peligroso para el movimiento de masas en México, sobre todo en el marco del incremento en el poder militar que está sufriendo el país en estos tiempos.

El gobierno del Estado de Guerrero es también liderado por el partido Morena de López Obrador, y aunque formalmente la gobernadora es Evelyn Salgado, es su padre, Félix Salgado, el cacique detrás de ella. Félix Salgado es uno de los muchos casos de políticos provenientes del PRI que después del giro neoliberal del partido, fundaron en 1989 el PRD, y que ante la ola de popularidad del obradorismo, decidieron sumarse a Morena en 2018, aunque Evelyn continuó trabajando en el PRI hasta 2020. Félix fue candidato a gobernar Guerrero en 2021, pero a pesar de que fue denunciado por agresión sexual por parte de varias mujeres, tuvo que renunciar a la contienda por una falta administrativa en el proceso electoral, a lo que su hija entró como suplente. Son ya conocidos los nexos del ahora senador Félix Salgado con grupos criminales en Guerrero desde que fue alcalde de Acapulco entre 2006 y 2008, y que además fue consuegro de Joaquín Alonso Piedra, miembro señalado del Cártel de los Beltrán Leyva, es decir, que la gobernadora de Guerrero era, hasta 2021, nuera de un narcotraficante.  

Es por esto que nos negamos a pensar que el gobierno de Morena en Guerrero es una inocente víctima de grupos criminales, cuando sus representantes en el gobierno han sido familia de miembros de grupos delictivos en el Estado. Finalmente, el narcotráfico, la guerra contra las drogas y todo lo que ello implica, sigue siendo un cálculo sanguinario de la burguesía nacional mexicana y el imperialismo estadounidense para mantener el control político de la región, así como acelerar los ciclos de acumulación capitalista a través de la violencia, la muerte y el terror, sin importar cuál partido de la burguesía se encuentre en el gobierno.

Para combatir realmente al narcotráfico, al crimen organizado, la militarización y la paramilitarización que está sufriendo el país desde 2007 hasta la fecha, es necesario replicar en todo el país los esfuerzos de las autodefensas y policías comunitarias que mediante procesos asamblearios y el uso de armas han podido mantener a raya a estos grupos criminales, pero además de las armas de fuego, machetes, o cualquier instrumento que nos pueda servir para la autodefensa, es necesario armarnos con un programa revolucionario que nos permita organizarnos para derrocar a la burguesía que nos explota, nos oprime y nos somete a las condiciones de guerra que vivimos día con día. Debemos también dejar de confiar en que el Estado burgués, con sus instituciones, su ejército, su policía y su corrupción van a resolver este problema, ya que el poderío de estos grupos criminales no se podría entender sin la constante y generalizada complicidad de las autoridades de gobierno con ellos, y debemos tener claro que si la guerra contra las drogas es precisamente una política de Estado impuesta desde el imperialismo y la clase dominante, el Estado es cómplice y perpetrador de todos los crímenes que esta guerra ha traído contra los oprimidos de México y la región latinoamericana.

¡Por un movimiento nacional contra la guerra y la militarización!

¡Por la organización de autodefensas y policías comunitarias en todo el país!

¡Por un gobierno obrero, campesino e indígena!