Por Jorge Arboleda, sección mexicana de la CCRI, 19 de junio de 2024.
Ahora que Morena ha ratificado un
sexenio más en el poder ejecutivo federal, la próxima reforma que AMLO intenta
llevar a cabo es la referente a la "democratización del poder
judicial". Esta reforma se le vino a la mente a Obrador, no como una promesa
de campaña, ni como parte de su plan de gobierno antes de ganar la elección de
2018, sino después de que se dio cuenta de que el poder judicial tenía la
facultad de declarar inconstitucionales algunas de las cosas que su gobierno
pretendía hacer. Entre 2019 y 2021 hubo numerosos amparos que bloquearon
momentáneamente las obras referentes al infame Tren Maya que ha causado grandes
daños ambientales y que les ha arrebatado su tierra a muchos campesinos en zonas
ejidales. Algunos de estos amparos fueron solicitados por grupos empresariales
opositores a AMLO con el único afán de estorbar al gobierno, pero muchos otros
fueron solicitados por comunidades indígenas y comisarías ejidales para tratar
de evitar la privatización de sus tierras.
Sin embargo, después de estas
demoras, AMLO decidió que ya no iba a acatar las órdenes de los jueces que
ordenaban suspensiones en las obras, y continuó de todos modos. Otro ejemplo fue
cuando la Suprema Corte declaró ilegal que la recientemente creada Guardia
Nacional fuera subordinada al ejército en lugar de a la policía, pero el
presidente simplemente omitió esta resolución. En el caso de la reforma
eléctrica que se intentó llevar a cabo en 2021, Morena ya había perdido la
mayoría calificada en el congreso que había ganado en 2018, por lo que la
oposición tuvo la capacidad de impedirla y muchas empresas europeas gozan aún
de contratos injustos en los que la Comisión Federal de Electricidad debe pagar
por servicios eléctricos que deberían corresponder a la misma comisión. Ya hemos
manifestado nuestro escepticismo con respecto a esta reforma, ya que, si bien
es positivo que estos contratos queden cancelados, vemos que hay un interés por
parte de Washington de suplantar a estas empresas europeas con las suyas, ya
que funcionarios gringos estuvieron haciendo un intenso lobby con AMLO (y sin
él) para intervenir en esta reforma. [1]
Lo que AMLO planeó entonces fue
reformar únicamente leyes secundarias para lo que no se requería una mayoría
calificada en el congreso. A esto él le llamó el “Plan B”, por lo que su
"Plan C" consiste básicamente en volver a tener una mayoría
calificada en el congreso para realizar una reforma al poder judicial que le
permita después implementar otras reformas más, las cuales no han sido
mencionadas en ningún momento.
La reforma al poder judicial
consiste, a grandes rasgos, en que los jueces y ministros de la suprema corte
serán elegidos por voto popular y directo, en lugar de ser elegidos por una
serie de consejos en los que el pueblo no tiene ninguna participación. Si bien
a primera vista esto parece un avance significativo en la democracia, la
realidad es que por más elecciones que haya dentro de la democracia burguesa
mexicana, esta sigue a la merced de mafias, cacicazgos y los intereses de la
clase dominante, y como muestra está la última elección de cargos públicos. [2]
¿Qué se pretende entonces con
esta reforma?
AMLO ha sido muy claro en decir
que los jueces y ministros de la Suprema Corte están todos cooptados por los
intereses de los conservadores, y que se requiere de esta reforma para revertir
esta situación. Sin embargo, el presidente ya ha intentado cambiar la
correlación de fuerzas al interior del poder judicial al proponer a presidentes
de la Suprema Corte él mismo, pero se dio cuenta de que esto no era suficiente,
ya que las controversias sobre la inconstitucionalidad de varias reformas han
jugado en su contra. Es por esta razón que pensamos que Obrador intentará
aprovechar el voto de confianza que la población le tiene todavía para proponer
a personas afines a su partido y esperar una victoria electoral contundente.
Discursivamente, esto le permitirá a la 4T hacer las reformas que quiera para
poder "continuar con la transformación de la vida pública del país",
como dice el presidente.
Pero más allá del discurso, se puede apreciar esta intención de unificar a los tres poderes del Estado para agilizar el avance de los proyectos industriales, extractivos y militares que la 4T viene imponiendo desde su inicio. Esto, en detrimento de un sector de la burguesía que aún se mantiene como oposición negligente, pero sobre todo, en contra de los intereses de las clases oprimidas y a favor del grueso de la burguesía nacional e imperialista, pues no solamente se trata de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, sino también de los proyectos de extracción y transferencia de energía que estas obras requieren para industrializar el sur del país, en el marco de la rivalidad imperialista entre Oriente y Occidente, en la que proyectos extractivos e industriales avanzan mediante la sangre y el terror de la mano de grupos paramilitares y el crimen organizado, y sobre todo la militarización bajo el pretexto de la "guerra vs las drogas". Esto se vuelve más evidente tomando en cuenta que en la reforma no están contempladas las fiscalías, las cuales son responsables de una buena parte de la impunidad y la corrupción en el sistema judicial.
Con un poder judicial elegido por voto popular, las clases oprimidas seguiremos a la merced de los intereses de la clase dominante, por lo que no debemos hacernos ningunas ilusiones con esta reforma. Por el contrario, debemos señalar la falta de reformas en favor de las clases oprimidas en México por parte del gobierno de la 4T, como sería una reducción en la jornada laboral, que ha sido una demanda constante desde hace varios meses, y motivo de numerosas manifestaciones; así como una reforma fiscal que permita al gobierno recaudar más dinero de la burguesía para programas sociales y mejorar los paupérrimos servicios de salud que tenemos. Asimismo, debemos poner el dedo en el renglón sobre que la democracia burguesa no juega a favor de los oprimidos, sino de la clase dominante, y que una democracia real solamente podrá venir de un gobierno obrero, campesino e indígena.
[1]
Sobre este tema, ver en Eduardo Flores (Agrupación de Lucha Socialista,
antigua sección mexicana de la CCRI): Las reformas eléctrica y del litio, 8 de
julio de 2022, https://agrupaciondeluchasocialistablog.wordpress.com/2022/07/08/las-reformas-electrica-y-del-litio/;
este tema también se aborda en el artículo que tradujimos y que fue
originalmente publicado en inglés en la revista Tempest por Héctor A. Rivera y Rubén
Jaramillo: Entre la realidad y la ficción. Una crítica a la “Cuarta
Transformación” de México, 01 de octubre de 2023, https://ccrimexico.blogspot.com/2023/10/entre-la-realidad-y-la-ficcion.html
[2] Sobre
esto, ver en Jorge Arboleda: Elecciones sangrientas en México. 36 candidatos a
cargos públicos asesinados, 31 de mayo de 2024, https://ccrimexico.blogspot.com/2024/05/elecciones-sangrientas-en-mexico-36.html
Comentarios
Publicar un comentario