Nota del comité editorial:
Este artículo fue publicado originalmente en idioma inglés en la revista Tempest, sin embargo, agregamos la nota al pie No. 3 para tener un mejor
contexto sobre lo que está escrito. Asimismo, agregamos un comentario sobre las
conclusiones, haciendo notar que los socialistas no debemos limitarnos a luchar
por mejores reformas o por defender las que han sido concedidas por gobiernos
burgueses, sino que debemos tener siempre en mente que nuestra principal tarea es
la de liderar una revolución socialista para que la clase obrera y los
oprimidos del mundo tomen el poder.
En este artículo, Rubén
Jaramillo y Héctor A. Rivera examinan críticamente el impacto de la
"Cuarta Transformación" bajo el presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador.
Desde 2018, México ha experimentado
un enorme cambio político liderado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO u Obrador) y su partido político, el Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA). Junto con partidarios de otros partidos políticos, la
sociedad civil y la clase capitalista, AMLO ha estado construyendo un nuevo
régimen político y llevando a cabo un proyecto de desarrollo político
denominado Cuarta Transformación (4T). Si bien hay una diferencia
considerable en la forma en que el gobierno se comunica, en cómo se manejan las
finanzas públicas y en la forma en que se implementan las políticas públicas,
la 4T no ha logrado la transformación que pregona AMLO.
Las primeras tres
transformaciones fueron la Guerra de Independencia de México contra España
después de 1810, la victoria liberal sobre las fuerzas conservadoras y
francesas en la década de 1860, y la Revolución Mexicana que se desarrolló
entre 1910 y 1920. Es importante señalar que las transformaciones previas que
AMLO invoca para legitimar su proyecto se produjeron a través de la
movilización masiva de la población para destruir el viejo orden y crear una
sociedad más justa. Sin embargo, bajo AMLO, el viejo orden ha regresado al
redil, como es el caso de muchos políticos que abandonaron sus partidos para unirse
a AMLO, o el ejército que ha sido rehabilitado y fortalecido.
A medida que se acerca el final
del mandato de Obrador [el presidente de México se limita a cumplir un solo
mandato de seis años], hacemos un balance de la Cuarta Transformación y nos
centramos en varias políticas y proyectos de desarrollo que el gobierno ha
llevado a cabo. Como argumentaremos, el nuevo régimen pretende gobernar para el
pueblo (“Por el bien de México, primero los pobres”, dice AMLO), pero en
realidad gobierna en nombre de los intereses de la clase dominante
estadounidense y mexicana.
Propaganda y hechos
La imagen de la Cuarta
Transformación (4T) tal como la retratan sus simpatizantes de la izquierda
internacional contrasta enormemente con la realidad. El gobierno de AMLO ha
querido crear la idea de que es una fuerza que lucha por la emancipación
latinoamericana como una fuerza antiimperialista, cuando en realidad es todo lo
contrario.
Las políticas del actual gobierno
de México son un reflejo de las políticas nacionalistas seguidas antes del giro
neoliberal que azotó a México de 1985 a 2018. Esta administración persigue un
proyecto de desarrollo capitalista, pero sin los beneficios del bonapartismo de
la era posterior a la revolución y con toda la subordinación económica y
política al imperialismo estadounidense, aunque con la libertad discursiva para
apoyar movimientos progresistas y revoluciones en otros países.
Los representantes del
obradorismo en realidad sienten nostalgia por ese período en el que el
partido-Estado tenía control total de todas las instituciones y corporaciones estatales,
pero carecía de cualquier tipo de democracia obrera y estaba controlado por
burócratas y charros (líderes sindicales corruptos que pastoreaban a los
trabajadores como si fueran ganado).
Esta nostalgia se nota en el
perfil de quienes son los principales representantes del obradorismo. Por
ejemplo, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue militante del
PRI hasta 2001. El secretario de Relaciones Exteriores de AMLO, Marcelo Ebrard,
también fue militante del PRI hasta 1995, y luego se unió al Partido Centro
Democrático hasta el año 2000. Su primer secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma, fue funcionario durante el sexenio de Carlos
Salinas y formó parte de la Fundación Azteca, propiedad del Grupo Salinas, que
pertenece al multimillonario Ricardo Salinas Pliego. De hecho, muchos de los
miembros de MORENA que han llegado a ser gobernadores también provienen del
PRI, que es la cuna y campo de formación política de estos políticos.
Este deseo de regresar al llamado
“Estado de Bienestar” no es un movimiento disruptivo ni va contra la
corriente del neoliberalismo. Por el contrario, es precisamente una expresión
más de una tendencia mundial a volver a un mayor control estatal de algunos
aspectos claves de la economía en respuesta a las crisis económicas que han
golpeado a la economía mundial desde 2008. Sin embargo, en México ha habido pocos
avances en esa dirección, y todavía hay una lucha muy grande entre facciones
burguesas que no aceptan del todo esta nueva tendencia. Es por eso que el
gobierno aún intenta consolidar esta transición, apoyándose no sólo en las
instituciones, sino también en los acuerdos con el imperialismo estadounidense
y el apoyo popular centrado en la figura de AMLO.
Algunos mitos que refuerzan esta
idea falsa son más fáciles de refutar que otros, pero intentaremos ilustrar lo
mejor que podamos estas contradicciones entre propaganda y hechos.
Un falso antiimperialismo
México es un país semicolonial
que ha estado subyugado por Estados Unidos desde que este último se convirtió
en una potencia imperialista. Sin embargo, gracias a tratados de libre comercio
como el TLCAN, varias empresas mexicanas se convirtieron en corporaciones
multinacionales y la burguesía mexicana pudo luego negociar con otros países
imperialistas europeos e incluso con China para expandir su mercado, utilizando
el gasto público del gobierno mexicano, sus instituciones y empresas estatales
como trampolín hacia los mercados globales.
Parte de los logros recientes de
la burguesía fue la entrada de capital europeo a la industria energética con la
que las empresas mexicanas pudieron hacer grandes negocios, pero que amenazaba
a la industria petrolera nacional y, a su vez, a la hegemonía de la industria
gringa sobre los mercados energéticos en el continente americano. El control
estadounidense de este sector se ha mantenido a pesar de que varias compañías
petroleras latinoamericanas son de propiedad estatal y, en algunos casos,
tienen inversores rusos. Washington ha tenido que expulsar el capital
extranjero de estas industrias, y el discurso nacionalista de AMLO ha cumplido
bien ese propósito. Por supuesto, a México le ha convenido expulsar de la
industria petrolera nacional a corporaciones europeas como Iberdrola, Unión
Fenosa, Shell y BP, así como poner a trabajar las refinerías en favor de una
mayor producción de derivados del petróleo, pero en última instancia esto es
una política que conviene a los intereses estadounidenses. Además, la industria
petrolera nacional todavía depende en muchos sentidos del capital privado, ya
que uno de los principales proveedores de infraestructura de PEMEX es Grupo
Carso, propiedad de la persona más rica de México, Carlos Slim.
Esta política también se ha
aplicado a la extracción de litio. El principal extractor de litio en México
fue una empresa china, Gangfem Lithium, a través de su filial Bacanora
Lithium. Ahora ha cerrado gracias al decreto de nacionalización del litio
que tuvo lugar en mayo de 2022. Contradictoriamente, este decreto todavía
permite la entrada de capital extranjero y fue presionado por funcionarios y
empresarios estadounidenses. Posteriormente, el gobierno anunció con orgullo la
construcción de una planta de Tesla en Monterrey, la capital del estado de
Nuevo León. [1]
La política de seguridad y
militarización del gobierno de AMLO también es reveladora. Desde la década de
1970, las fuerzas armadas y la policía de México han sido asesoradas y
entrenadas por instituciones estadounidenses como la CIA, el FBI y la Escuela
de las Américas para llevar a cabo tareas de contrainsurgencia. Estos vínculos
han sido muy fuertes. Por ejemplo, las fuerzas armadas mexicanas continúan
operando bajo el llamado “Comando Norte”. Rechazamos la idea de que la
militarización como parte de la “estrategia de lucha contra las drogas”
sea un proceso progresivo (no discutiremos si la militarización de la seguridad
pública es de repente un acto progresista o no, porque simplemente no lo es), y
es específicamente una política impuesta por Washington. Esto resultó en el
estallido de violencia en 2007 bajo el gobierno de Felipe Calderón en forma de
un tratado llamado “Iniciativa Mérida”, el cual ha sido denunciado por
AMLO en varias ocasiones, pero no ha hecho nada para ponerle fin y solo ha
cambiado su nombre por el de “Entendimiento Bicentenario México-Estados
Unidos”.
Lo que hizo el gobierno de la 4T
fue simplemente utilizar el apoyo popular de AMLO para justificar un avance en
la política de intervención gringa en materia de seguridad a través de la “Guerra
contra las Drogas”, a pesar de que el presidente la declaró terminada.
Prueba de ello es el primer uso que se le dio a la Guardia Nacional luego de su
creación, pues no era para combatir el narcotráfico, sino para frenar las
caravanas de migrantes centroamericanos que intentaban ingresar por la frontera
sur con Guatemala. Y esa es la verdadera
naturaleza de la Guardia Nacional, así como del ejército: ser un brazo armado
extendido de las intervenciones yanquis en México.
Tanto desde los integrantes de
MORENA como desde el propio AMLO se intenta generar la idea de que el
imperialismo gringo asedia al gobierno mexicano en alineación con
personalidades de derecha para dar un “golpe suave”, supuestamente
debido a que existe un gran malestar entre los empresarios estadounidenses y
mexicanos que ven afectados sus intereses por este gobierno. No podemos ignorar
que hay cambios en la administración pública que han afectado algunos negocios
que eran manejados con una corrupción escandalosa, pero pensar que estos
cambios son de tal magnitud que han trastornado los intereses de la clase
dominante mexicana y estadounidense es ridículo, por decir lo menos. Ahora estamos
a poco más de un año del final del mandato de seis años de López Obrador, y
dado que México no puede tener legalmente más de un mandato presidencial, no
tendría sentido querer destituirlo de su cargo en este momento.
Por supuesto, hay un sector
empresarial que siempre ha detestado a AMLO, y en varios medios (El Universal,
Reforma, El Financiero, Radiofórmula y LatinUS) hay
constantes ataques políticos, pero no hay un descontento generalizado entre la
burguesía mexicana con el presidente. Por ejemplo, las principales
corporaciones de televisión Televisa y TV Azteca no son tan antagónicas. Por el
contrario, la relación ha sido bastante fructífera entre AMLO y los
capitalistas más ricos de México, llena de frecuentes cenas de negocios donde
el presidente se jacta repetidamente de nuevas iniciativas.
Megaproyectos para el
desarrollo capitalista
Como parte de la pomposamente
denominada Cuarta Transformación, el gobierno también está llevando a
cabo grandes megaproyectos en partes del país que históricamente han sido
desinvertidas. Si bien el gobierno argumenta que estos proyectos son una forma
de reparación y justicia social para estas comunidades, en verdad estos
proyectos son viejas agendas priistas o nuevos proyectos para expandir el
extractivismo en todo el territorio.
Desde sus inicios, Obrador ha
buscado reintroducir grandes megaproyectos financiados por el Estado como
piezas centrales de la 4T. Su principal proyecto de transporte y turismo ha
sido el llamado “Tren Maya” que atravesará los estados de Chiapas, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con 15 estaciones y 950 kilómetros de vía.
Este proyecto es liderado por la Secretaría de Turismo que encabeza Miguel
Ángel Torruco, cuñado de Carlos Slim, y junto con nuevos aeropuertos y hoteles
pretende detonar la industria turística en el sureste mexicano expandiéndola
más allá de las playas de Cancún y Playa del Carmen. Estos proyectos alojarán a
los turistas y los distribuirán hacia el interior de la península de Yucatán,
donde podrán visitar ruinas mayas y pueblos coloniales a lo largo de la ruta.
Aunque el presidente sostiene que
este proyecto tendrá un impacto mínimo en el medio ambiente, sus operaciones
masivas remodelarán toda la economía del sureste. Esto traerá consigo turismo
de masas, cadenas hoteleras y especulación inmobiliaria a lo largo del
recorrido. Además, el tren atraviesa reservas naturales, tierras colectivas y
comunidades indígenas que no han visto la penetración del turismo a esta
escala. Para satisfacer la demanda de las multitudes de turistas, las tierras
públicas también serán privatizadas y entregadas a agronegocios y desarrollos
inmobiliarios. Los impactos del turismo masivo ya se sienten en Cancún y las
ciudades cercanas, donde la destrucción de los manglares, el hábitat de la vida
silvestre y la contaminación de las capas freáticas por las alcantarillas ya
son un problema. Además, hechos consumados para marginar a los ambientalistas y
obstaculizar a la oposición.
Además de la expansión del
turismo de masas, el Tren Maya también ampliará el alcance de los militares al
crear la corporación estatal Olmeca-Maya-Mexica, que será administrada por los
militares. La cual está construyendo grandes tramos de este proyecto y cuando
esté terminado, operará cinco aeropuertos, seis hoteles, un ferrocarril y una
nueva aerolínea. AMLO sostiene que las ganancias de esta empresa frenarán la
corrupción ya que serán reinvertidas en estos proyectos y pensiones militares.
Sin embargo, la amplia participación de los militares en estos proyectos tiene
como objetivo comprar su lealtad, especialmente los altos mandos, e
inscribirlos en los planes del nuevo régimen de nacionalización de
infraestructuras que serán más difíciles de privatizar.
En general, la Cuarta
Transformación de AMLO no es una alternativa a los dictados del capitalismo
fósil. Según Víctor Manuel Toledo, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 4T no tiene un conjunto claro de objetivos
con visiones hacia el desarrollo de largo plazo. Por el contrario, el
exsecretario sostuvo que la 4T está llena de contradicciones y luchas de poder
que se juegan en el gabinete del presidente. Como proyecto de desarrollo, el
Tren Maya es un caso clásico de solución espacial del capital, que es una
estrategia para resolver la crisis del capitalismo proyectándolo hacia nuevos
espacios de inversión e iniciando nuevas rondas de rentabilidad a través de la
expansión geográfica del capital en zonas previamente subdesarrolladas. El resultado será un mayor ecocidio en el sureste y la
mercantilización de la historia y la cultura mayas al servicio del turismo de
masas. Al fin y al cabo, el Tren Maya reproducirá el modelo turístico que
México ha sido pionero desde los años 70. Esto equivaldrá a trabajadores mal
pagados que atienden los caprichos de gringos durante sus vacaciones.
Otro gran proyecto de
infraestructura ha sido la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que forma
parte de la política de AMLO de expandir la industria energética como pilar de
la economía nacional. Como pieza central de su proyecto de desarrollo nacional,
Dos Bocas no es sólo una refinería sino el ancla de un creciente complejo
petroquímico en la región que suministrará energía a los estados atravesados
por el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
Para la construcción de este
megaproyecto se anunció una inversión de $8 mil millones de dólares, pero
actualmente se menciona que su costo ya ascendió a $17 mil millones de dólares.
[2]
Parte del dinero invertido en la infraestructura de este enorme complejo
industrial ha sido destinado a contratos con Grupo Carso, quien mantiene un
gran poder como vendedor de PEMEX. Para la construcción de esta refinería fue
necesario destruir todo un bosque tropical de aproximadamente 350 hectáreas,
que contenía una diversidad de manglares.
El tercer gran proyecto de
infraestructura al que AMLO ha priorizado es el Corredor Interoceánico. El
proyecto incluye la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos,
una vía férrea mejorada, rutas viales y diez parques industriales –zonas
francas de maquila– a lo largo del Istmo. AMLO ha argumentado que estos
megaproyectos también están diseñados para mantener a las poblaciones migrantes
en el lugar y evitar que los migrantes centroamericanos se trasladen al norte,
ya que, aparentemente, estarán dispuestos a trabajar por los salarios de hambre
que se ofrecerán en estas fábricas.
Aunque el nuevo centro logístico
no puede competir con el Canal de Panamá, su objetivo será desviar mercancías
que puedan descargarse en el puerto de Salina Cruz en el Pacífico y cargarse en
barcazas o buques portacontenedores intermodales en Coatzacoalcos, y hacia la
costa este de Estados Unidos con el objetivo de quitarle entre el 10 y el 20
por ciento del tráfico del Canal de Panamá.
Además, la estrategia de AMLO es
anticipar las necesidades de infraestructura de un desacoplamiento de las
economías de Estados Unidos y China. Habla abiertamente de esta brecha como una
oportunidad para que México, Estados Unidos y Canadá se integren a través del nearshoring
para oponerse a la dominación económica de China. [3]
Este es el tipo de desarrollo que AMLO imagina, maquiladoras, centros
logísticos, movimiento fluido de mercancías y flujos de combustibles fósiles,
que también tendrán gas natural y oleoductos a lo largo de las rutas e
instalaciones de almacenamiento en las terminales portuarias.
Estos megaproyectos también serán
administrados por los militares. Una pieza central del plan del gobierno ha
sido otorgar a estos proyectos de infraestructura estatus de seguridad
nacional, lo que incluirá patrullas militares y vigilancia a lo largo de la
ruta para mitigar las preocupaciones de seguridad de posibles inversionistas en
el sur de México.
Dada la gran cantidad de
proyectos con participación o supervisión militar, estas iniciativas han
ayudado a legitimar a los militares durante la administración de AMLO. Además
de la seguridad y vigilancia del Istmo, los militares también construyen o
administran aeropuertos, ferrocarriles, bancos, infraestructuras energéticas y
aerolíneas. No podemos olvidar que se trata de los mismos militares
responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y
de innumerables atrocidades. Como institución, los militares han sido
completamente deslegitimados en las últimas décadas, pero AMLO ha gastado un
considerable capital político y financiero para rehabilitar la institución y
blanquear su imagen.
Como otros megaproyectos, cualquier
pretensión de desarrollo progresista o sostenible se desmorona con el más
mínimo escrutinio. Por ejemplo, la política energética de AMLO se ha centrado
principalmente en mejorar la extracción y el procesamiento de combustibles
fósiles, reparar y construir represas hidroeléctricas, aumentar las ventas de
gas natural a Europa y nacionalizar el litio para atender al mercado
norteamericano. Sus promesas de que no se talarían árboles para construir el
Tren Maya fueron sólo declaraciones demagógicas burlándose de los
ambientalistas y de las comunidades indígenas que se oponían al turismo de
masas y la especulación inmobiliaria que esto traería. Por lo tanto, si bien
AMLO puede promocionar su administración como una transformación genuina, en
realidad, su administración está llevando a cabo el trabajo de presidentes
anteriores y ampliando las agendas desarrollistas de combustibles fósiles, sólo
que mejor.
Los movimientos sociales y la
Cuarta Transformación
En términos del movimiento
obrero, la 4T realmente no ha hecho nada relevante, pero sí ha logrado que sus
pocas acciones a favor de la clase trabajadora mexicana tomen relevancia ante
los medios de comunicación gracias a su aparato propagandístico. Posiblemente
su mayor logro haya sido la recuperación del salario mínimo en un 39 por
ciento, mientras que administraciones anteriores se jactaban de aumentar el
salario mínimo en un ocho por ciento anual, si no menos. Sin embargo, en
materia estrictamente laboral el gobierno de AMLO no ha hecho mucho más.
Por ejemplo, de 2019 a 2021 se
hizo mucho trabajo de propaganda sobre la eliminación de la subcontratación.
Sin embargo, esto sólo culminó con la prohibición de un esquema de
subcontratación muy específico, por lo que sigue siendo una práctica
generalizada en muchas empresas, incluido el propio gobierno, que todavía
contrata a mucho personal de esta manera. El gobierno se ha jactado de un
aumento histórico en el número de trabajadores afiliados al IMSS (Seguro Social
Mexicano pagado por el empleador), lo que es un indicador del aumento del
empleo formal. Pero es un secreto a voces que muchas empresas inscriben a sus
empleados con un salario mucho menor al que pagan en nómina, lo cual es un
fraude al IMSS, pero la Secretaría del Trabajo no investiga estos temas.
El avance más importante en el
sector laboral mexicano ha sido el surgimiento de sindicatos independientes en
los últimos cuatro años [4],
pero esto se debe en parte a los términos renegociados en el acuerdo entre
Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC. La nueva cláusula laboral requería
la libre elección de la representación sindical, lo que anuló décadas de
sindicalismo empresarial, especialmente en la industria automotriz. Estas
reformas, el surgimiento de sindicatos independientes y las revueltas laborales
de Matamoros en 2019 se deben a la movilización de trabajadores y
organizaciones laborales, no a la intervención del gobierno. De hecho, además
de aumentar el salario mínimo y el apoyo retórico a los trabajadores, el
gobierno de AMLO ha estado al margen de todas las luchas obreras. Una postura
lamentable para un gobierno de “izquierda”.
Para los movimientos de masas en
general, la llamada 4T ha sido un completo desastre. Muchos líderes de
movimientos sociales fueron cooptados por Morena, ya sea para satisfacer sus
ambiciones personales o porque estaban convencidos de que su lucha sería más
fácil bajo la protección de un gobierno de Morena. Esto sucedió con activistas
como Nestora Salgado, integrante de la policía comunitaria de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), presa
política en 2013, actualmente es senadora por Morena. Aunque la propia CRAC-PC
se ha distanciado de ella, ha sufrido divisiones internas debido a que algunos
de sus miembros decidieron ingresar al partido. Un caso similar es Manuel
Vázquez Arellano, mejor conocido como “Omar García”, sobreviviente de la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; actualmente se desempeña como
senador por Morena, y desde que ocupa ese cargo no ha expresado una sola
crítica a la política de militarización del gobierno, ni a su constante ataque
a las escuelas rurales ni a su falta de esclarecimiento de lo ocurrido con los
estudiantes de Ayotzinapa, que sus padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI, un equipo de peritos forenses que los acompañan) lo
han hecho consistentemente.
Otro caso de cooptación es el de
Susana Prieto Terrazas, quien hasta hace poco fue asesora del movimiento obrero
20/32 en Tamaulipas. Terrazas consiguió un puesto como diputada de Morena un
año después de ser presa política por liderar el movimiento obrero en 2020.
Desde entonces, sus compañeros del Sindicato Nacional Independiente de
Trabajadores Industriales y de Servicios (SNITIS) han tenido conflictos con
ella. Han denunciado su trato despótico y el uso del membrete de su movimiento
para darle apoyo político a AMLO, lo que recientemente culminó con su despido
del sindicato. Ella ha respondido utilizando los medios a su alcance para
llevar a cabo una campaña de represalia contra el comité ejecutivo del SNITIS.
La CNTE, que históricamente ha sido la vanguardia del movimiento de masas en
México, está completamente desmovilizada, debido a numerosos acuerdos que la
dirigencia sindical mantiene con el gobierno. El hecho es que el gobierno
otorga numerosas concesiones a los docentes para mitigar agravios, salvo
conflictos esporádicos con los docentes de Chiapas y Oaxaca.
Desde el inicio de su
administración, AMLO ha ridiculizado las manifestaciones de organizaciones
populares. Ya sea el caso de las comunidades indígenas que se oponen a los
megaproyectos, los normalistas que exigen un mayor presupuesto para sus
escuelas, el movimiento de mujeres que lucha contra los feminicidios y el
machismo, o familiares de desaparecidos. AMLO siempre ha declarado que este
tipo de manifestaciones son inducidas por la oposición conservadora. Son
numerosos los casos en los que el gobierno ha utilizado escuadrones
antidisturbios para dispersar protestas y luego culpa a supuestos provocadores
pagados por la oposición. Esta criminalización de la protesta, que a su vez justifica
el uso de la fuerza represiva, ha sido utilizada por gobiernos anteriores. Sin
embargo, al ser cuestionado al respecto, el presidente repite el mantra de que
su gobierno “no reprime, no persigue y no tortura”, sin dar más
explicación que negar los hechos.
Sin embargo, no todos los
movimientos sociales están en reflujo. El movimiento de mujeres está
actualmente al frente de la lucha de los oprimidos en México y en septiembre de
2023 la Corte Suprema finalmente despenalizó el aborto. Esto ocurre después de
décadas de organización en América Latina, donde las mujeres han asumido un
papel de liderazgo en diferentes luchas en todo el continente.
AMLO tiene una posición
conservadora en temas de mujeres y cree que la familia es el centro moral del
pueblo mexicano. Por ejemplo, durante la crisis del COVID-19 habló de lo
favorable que era para las mujeres quedarse en casa para cuidar de sus
familias: “La gente quiere cambiar el rol de la mujer y esta es una de las
causas justas del feminismo, pero la tradición en México es que las hijas sean
quienes cuiden de sus padres. Nosotros, los hombres, podemos ser más desapegados”.
Su desconocimiento del movimiento de mujeres es tal, que ha afirmado que no
existía tal movimiento antes de su gobierno, insinuando que se trata de un
ataque político incitado por la oposición, y obviando que sus declaraciones
resuenan con el machismo de muchos de sus seguidores.
Por estas y muchas otras razones,
nos negamos a reconocer la Cuarta Transformación de AMLO como un
proyecto progresista, y mucho menos de izquierda, digno de apoyo de radicales y
revolucionarios. En general, es una estrategia para desarrollar a México como
una economía capitalista avanzada con una mejor posición negociadora en los
mercados norteamericano y global. A medida que el nuevo régimen se acerca a las
elecciones generales de 2024, su credibilidad se pondrá a prueba ya que la
principal candidata de MORENA, Claudia Sheinbaum, no cuenta con el apoyo masivo
obtenido por el papel histórico de AMLO en la oposición. La izquierda debe
permanecer independiente de Morena y apoyar al movimiento de mujeres y a los
movimientos indígenas. También debe perseguir sus propias agendas e intervenir
en movimientos de masas para profundizar su papel transformador en la sociedad
mexicana y lograr mejores reformas del nuevo régimen.
[1]
Véase sobre esto en: DW: AMLO anuente a que Musk participe en plan litio de
México, 1 de marzo de 2023, https://www.dw.com/es/amlo-anuente-a-que-elon-musk-participe-en-plan-de-litio-en-m%C3%A9xico/a-64858104
[2]
Véase sobre esto en: El Financiero: Dos Bocas terminará costando el doble... y
el Tren Maya más del triple, admite Ramírez de la O, 11 de septiembre de 2023, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/09/11/dos-bocas-terminara-costando-el-doble-y-el-tren-maya-mas-del-triple-admite-ramirez-de-la-o/
[3]
Ver sobre esto en: Aristegui Noticias: Planteará AMLO tres propuestas a Biden
para unificar América (video), 22 de diciembre de 2022, https://aristeguinoticias.com/2212/mexico/planteara-amlo-tres-propuestas-a-biden-para-unificar-america-enterate/?fbclid=IwAR1bjrFiPnAnFDWt8sgNhHw2QV5Vgii4D8hoRxFjmptTfFiLgMOu3d4AyPQ
[4] Véase
en: Héctor Rivera: A new chapter for Mexican labor. SINTTIA and the fight for
an independent union, april 07, 2023, https://www.tempestmag.org/2022/04/a-new-chapter-for-mexican-labor/
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