La más grande protesta rural
de los últimos años
Agricultores y transportistas
paralizan el país exigiendo control de precios y más seguridad en caminos
Por Jorge Arboleda, Corriente Comunista Revolucionaria, 26 de noviembre de 2025, www.bit.ly/ccrimexico
En el mes de octubre se llevó a
cabo un paro nacional de agricultores en el que varios granjeros y dueños de
parcelas cerraron carreteras en 20 Estados, exigiendo precios de garantía para
diferentes productos agrícolas, debido a que no logran obtener beneficios de
los bajos costos a los que intermediarios compran sus cosechas. Este movimiento
ha estado liderado por el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Frente Nacional por el Rescate
del Campo Mexicano (FNRCM).
De acuerdo con una consulta del
periódico El País al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los costos de
producción han crecido cerca del 50% en años recientes, al mismo tiempo que el
precio de granos como el maíz bajó más del 30% desde 2022, cosa que no se
refleja tampoco en los bolsillos de los consumidores. [1]
Entre los acaparadores señalados
como responsables por una comisión de agricultores, se encuentran las dos más
grandes harineras de México: Minsa y Maseca, que constituyen el duopolio
nacional del maíz, mientras que este grano se debe de importar de Estados
Unidos en cada vez mayores cantidades, tanto para cubrir la cuota del TMEC,
como para cubrir la demanda de maíz para forraje, debido a que la falta de
apoyo al campo es directamente proporcional a la importación de productos
agropecuarios que México importa de EE.UU. y Canadá desde que se firmó el
TLCAN, y es que el precio del maíz se fija de acuerdo con la Bolsa de Chicago,
por lo que a México le ha afectado incluso la guerra en Ucrania, ya que desde
2022 el precio de la tonelada de maíz cayó de 7 mil pesos a 3,200 pesos. A este
problema se suma también un arancel al 17% que Trump ha impuesto sobre el
jitomate mexicano.
Otro motivo que hizo estallar
estos bloqueos masivos ha sido el reciente asesinato de Bernardo Bravo y de
Javier Vargas, dos empresarios productores de limón de Michoacán y de Veracruz
respectivamente, y es también el motivo por el cual la Asociación Nacional de
Transportistas (ANTAC) han realizado otro bloqueo el día 24 de noviembre, al
cual se sumaron también los agricultores en protesta. Juntos realizaron el más
grande bloqueo que ha visto la Ciudad de México en años recientes, permitiendo
un mínimo de flujo entre la ciudad y el Estado de México, Morelos y Puebla.
El gobierno de Claudia Sheinbaum
está pagando caro el abandono al campo por parte de su administración y también
la de AMLO, quien llevaba el “apoyo al campo” como una de sus principales
banderas en campaña desde que fue candidato a la presidencia por primera vez en
2006, pues el programa social del bienestar de apoyo para los agricultores es
de apenas 3 mil pesos al año por hectárea, lo cual es básicamente simbólico.
Sumado a las exigencias de apoyo
estatal al campo, los agricultores organizados en diferentes gremios han
denunciado la contradicción al respecto de que existirán dos leyes diferentes
para regular el agua a nivel nacional, lo cual de entrada suena sumamente
absurdo, pero la Secretaría del Medio Ambiente tiene como objetivo aprobar una nueva
Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales vigente. Este
disparate genera también incertidumbre entre productores agrícolas que buscan
mantener una concesión de agua o adquirir concesiones nuevas. Al respecto el
Congreso Nacional Indígena, al que está adherido el EZLN, ha denunciado que la
nueva ley y esta serie de reformas discriminan a los pequeños propietarios y
además presionan a los ejidos a dejar de administrar el agua.
Ante las protestas, la secretaría
de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, procedió a criminalizar las protestas
vinculando a varios voceros de estas organizaciones al PRI, al PAN y al PRD. Si
bien es verdad que algunos personajes de estas organizaciones han tenido un
cargo público o han sido candidatos a algún otro cargo de mano de estos
partidos, y, además, históricamente la UNTA ha estado ligada al PRI, también es
verdad que la UNTA, así como otras organizaciones que nacieron como parte del
aparato corporativista del PRI, como son la CNC, la CROC, la CTM, Antorcha
Campesina, etc., han sido cooptadas por la 4T, y que algunos otros voceros del
MAC y del FNRCM también son miembros de Morena.
También es cierto que la ANTAC no
es la única organización de transportistas de México, y definitivamente no es
la más grande ni la más importante, pues apenas fue fundada en 2015, sin
embargo, eso no quita que la inseguridad en carreteras se ha incrementado, así
como el cobro de piso y de vía, y que las pólizas de seguros contra robo,
asalto y ataques armados han subido de precio, por lo que los costos de
operación de las empresas transportistas claramente aumenta.
El gobierno mexicano trata de
sostener la narrativa de que estas protestas son un intento golpista de la
derecha apelando al reciente antecedente de las movilizaciones del 15 de
noviembre, en las que Ricardo Salinas Pliego y el aparato de comunicación de
los partidos de oposición intentaron crear un patético intento de revolución de
colores. Sin embargo, como mencionamos en otro espacio, [2]
las protestas que iniciaron con el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum no es
más que una manifestación de la crisis que vive esta administración, como
resultado de que la llamada “cuarta transformación” no realizó ninguna
transformación en favor del pueblo, pues en concreto, la inseguridad y la
violencia solo han aumentado, y el legado del TLCAN que destruyó al campo
mexicano solamente se mantiene mediante el TMEC y la subordinación de México a
los intereses de la burguesía nacional e imperialista, lo cual se hizo evidente
al darse a conocer que Grupo Minsa ha recibido contratos de por lo menos 346
millones de pesos, siendo que la presidenta de este grupo empresarial es
Altagracia Gómez, la principal integrante del grupo de asesores empresarios de la
presidenta, y una activa promotora de la política del Plan México. [3]
Si bien es verdad que hay sectores de la derecha que se pronuncian en favor de estas protestas, la realidad es que, por lo menos en lo que respecta a las demandas de los campesinos, las medidas que exigen van completamente en contra de lo que la derecha puede ofrecer, ya que el problema del campo mexicano está directamente ligado a las contra reformas neoliberales de las décadas pasadas, especialmente al artículo 27 de la Constitución, y a la firma del TLCAN. A falta de una salida por derecha e “izquierda”, no solamente peligra la administración de Claudia Sheinbaum ante esta crisis, sino también la canasta básica de las clases oprimidas, por lo cual es necesario que activistas y revolucionarios asumamos una alianza con los campesinos en lucha, y nos coloquemos al frente en la exigencia de un país más seguro, con la bandera de la desmilitarización del país, de la cancelación de la ASPAN, de la Iniciativa Mérida y del TMEC, y de la formación de grupos de autodefensas en todo el país para combatir a los escuadrones de la muerte que nos aterrorizan desde hace 18 años.
[1] Ver
en Rodrigo Soriano: Miles de agricultores protestan durante horas en una
veintena de Estados de México por los bajos precios, 27 de octubre de 2025, https://archive.is/zFiXe#selection-313.0-313.104
[2] Ver
sobre esto en Jorge Arboleda: Momentos convulsos llaman a los revolucionarios a
tomar acción, 3 de noviembre de 2025, https://ccrimexico.blogspot.com/2025/11/momentos-convulsos-llaman-los.html
[3] Ver
sobre esto en Jorge García Orozco: Minsa, de Altagracia Gómez, recibe contrato
de 346 MDP del gobierno de Sheinbaum, mientras campesinos suplican mejores
precios del maíz, 25 de noviembre de 2025, https://emeequis.com/investigaciones/minsa-de-altagracia-gomez-recibe-contrato-de-346-mdp-del-gobierno-de-sheinbaum-mientras-campesinos-suplican-mejores-precios-del-maiz/
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